La construcción del subfluvial, la obra insignia de la Diputación que unirá la Margen Derecha y la Izquierda a través de un túnel bajo la ría, ha generado controversia. Especialmente entre los residentes del Antiguo Golf, quienes creen que soportarán la mayor parte del ruido y las molestias de las obras. Con un presupuesto superior a los 448 millones de euros, su ejecución se extenderá por un periodo de seis años.
Constituidos en la asociación Arpa (Artaza Parkeko Herritarrak), los vecinos han presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Reclaman directamente la anulación del proyecto de la infraestructura. Argumentan que fue aprobado con «graves incumplimientos de la legalidad administrativa y ambiental», lo que, a su juicio, podría incluso suponer la «nulidad de pleno derecho».
El proyecto ha sido modificado tras su exposición pública, incorporando elementos como el uso de voladuras o eliminando opciones de transporte público que no se han sometido a un nuevo proceso de participación ciudadana.
Además, solicitan de forma inmediata la «suspensión cautelar» de las obras para evitar daños, en su opinión, «irreversibles» para la ciudadanía y el medio ambiente. Sostienen que existen varios «errores en la tramitación», como la falta de una serie de «autorizaciones obligatorias». «El proyecto ha sido aprobado sin contar con informes preceptivos esenciales, como son los de la Agencia Vasca de Agua, Costas o Seguridad Aérea», aseguran.
Los demandantes advierten que el estudio de impacto ambiental «no justifica que la única solución para unir las dos márgenes sea la construcción del túnel». No ofrece otras alternativas y no se evalúan los efectos de la contaminación que conllevará, a pesar de que la memoria ya recoge que la construcción implicará un aumento de tráfico y emisiones a medio plazo. Esto, recuerdan, va «en contradicción con las políticas europeas de movilidad sostenible y de lucha contra el cambio climático».
