Esta investigación se centra en el derribo de un edificio protegido para la construcción de 12 pisos de lujo, promovidos por la empresa Biurban. Un comprador, designado como presidente de la cooperativa Ereaga Atalaya, declaró ayer y aclaró que fue elegido para dicho cargo “por sorteo” entre los socios.

El testigo, a preguntas de la acusación popular del PP, aseguró que a finales de julio, unos días antes de que se derribara el palacete del siglo XIX el 2 de agosto, los compradores recibieron un “correo electrónico” en el que se les comunicó el cambio de planes. Dicho mail, según dijo, lo aportará a la causa.

La declaración del presidente de la cooperativa confirma las sospechas de la Ertzaintza de que dos concejales con responsabilidades en el gobierno de Getxo y cooperativistas, eran conocedores de lo que iba a suceder. En su atestado policial, los agentes recuerdan que “días antes del derribo se procedió a retirar el andamiaje y la malla de seguridad”. Para el equipo instructor, esta decisión “no es compatible con un derribo de urgencia”, que fue lo alegado por la empresa promotora. “Fue tomada días atrás”, sentencian en su escrito.

La empresa estaba obligada a mantener tres de las cuatro fachadas, según la licencia concedida en octubre de 2022 por la Junta de Gobierno Local. A pesar de que carecía del acta de replanteo, trámite obligatorio, las obras se iniciaron a comienzos de 2024. Según los agentes, en “febrero” comenzó la “demolición parcial” del edificio. La cooperativa justificó el derribo total, una vez los vecinos lo denunciaron a la policía, en que la “rotura de una tubería en mayo” había inundado el terreno y había puesto en “riesgo la estabilidad” del edificio.