El Ayuntamiento de Bilbao comenzó el 16 de septiembre de 2024 a multar a los coches más contaminantes que accedían a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. La sanción era y es de 200 euros. En enero de 2025, el Consistorio admitió que incoaba 75 expedientes diarios contra conductores que penetraban con vehículos no autorizados en la zona restringida.
Un porcentaje considerable de los ciudadanos sorprendidos dentro de la ZBE suele recurrir las multas por vía administrativa en un intento por anular el castigo. En caso de desestimación de las alegaciones por parte de la institución local (lo más habitual), una pequeña minoría de conductores decide acudir a los tribunales.
Ahora, los jueces de Bilbao han comenzado a dictar las primeras sentencias sobre sanciones impuestas con motivo de la entrada en vigor de las ZBE. Los magistrados no valoran la legalidad de la normativa aprobada por la capital vizcaína (eso es materia de otro pleito más complejo en curso), sino que analizan a fondo cada caso y los argumentos esgrimidos por las autoridades municipales para castigar a los supuestos infractores.
Hasta la fecha, según fuentes jurídicas consultadas, se han registrado menos de 10 casos, ya que es difícil que un ciudadano recurra a los tribunales porque «no tiene mucho sentido meterse en un proceso judicial por una sanción de 200 euros que se puede quedar en 100 si hay pronto pago». Con todo, este periódico ha tenido acceso a las que pueden ser las primeras siete resoluciones sobre sanciones impuestas con motivo de las ZBE.
Las sentencias han sido dictadas por tres jueces distintos. Uno de ellos ha avalado cuatro de las multas, mientras que sus otros dos compañeros han anulado las tres restantes por defectos en su tramitación o fallos a la hora de probar la infracción. Este resultado dispar llama la atención y sugiere que quizás el sistema de detección, gestión y resolución de estos castigos no está todavía del todo refinado por parte del Ayuntamiento bilbaíno.
Como ejemplo, la primera resolución contraria al Consistorio fue dictada el pasado marzo por la titular del Tribunal de Instancia número 3 de Bilbao. La jueza señala que «no concurre prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia» del conductor, ya que «no se identifica bien el concreto punto donde se produce la infracción, no consta fotografía o plano de la misma, y no procede aportarlo ya al margen del expediente administrativo». Por este motivo, entiende que debe imperar el principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda, el beneficio es para el reo).
