Euskadi busca reducir la reincidencia de menores por debajo del 10% con un nuevo plan de justicia

El VI Plan de Justicia Juvenil aprobado por el Gobierno Vasco reforzará la financiación del centro de menores de Ibaiondo, en Zumarraga, hasta los 43 millones de euros.

Imagen genérica de la fachada de un edificio institucional moderno bajo un cielo despejado.
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Imagen genérica de la fachada de un edificio institucional moderno bajo un cielo despejado.

El Gobierno Vasco ha aprobado el VI Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2025-2029, con el objetivo de reducir la tasa de reincidencia de menores por debajo del 10% y fortalecerá significativamente la financiación del centro Ibaiondo.

El Gobierno Vasco aprobó ayer el VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029, reafirmando su compromiso con una intervención pública de carácter educativo y no punitivo en el ámbito de la justicia de menores. Esta nueva iniciativa refuerza la coordinación institucional, la atención individualizada y la prevención, y se marca un reto principal: seguir disminuyendo las tasas de reincidencia de los menores de 18 años. Si bien desde 2024 se ha reducido del 13% al 11% actual, el objetivo del plan es mantener esta tendencia descendente para que la tasa baje del 10%.
El documento también plantea un refuerzo en la financiación de los centros. El de Ibaiondo, ubicado en Zumarraga y el único de nivel I en Euskadi, donde se ejecutan las medidas más restrictivas, dispondrá de un presupuesto de casi 43 millones de euros en los próximos cuatro años. El Ejecutivo vasco, que tiene la competencia en justicia juvenil desde 1996, ha orientado las políticas de los últimos 30 años hacia la responsabilización y reinserción de los menores que han cometido un delito.

"Este dato refuerza la eficacia de una intervención de carácter educativo, restaurativo y responsabilizador."

Fuentes del Departamento de Justicia
El nuevo plan se estructura en cuatro líneas estratégicas que profundizan en el camino iniciado en el plan anterior. La primera se centra en la prevención de “conductas transgresoras”; la segunda apuesta por la coordinación institucional; la tercera se orienta a mejorar la calidad de la intervención a través de la adaptación de los protocolos y la formación especializada de los profesionales; y la cuarta refuerza “la responsabilidad pública y el modelo de gestión”.
El Departamento de Justicia dedicará más de 12,5 millones de euros a los servicios y programas de medio abierto, donde las medidas judiciales se cumplen sin internamiento. En cuanto a los centros educativos, el centro público Ibaiondo contará con un presupuesto de casi 43 millones de euros. Por su parte, los centros de nivel II y III, gestionados por entidades sin ánimo de lucro, tendrán un presupuesto de 57,7 millones de euros. De los 14,7 millones de euros destinados a seguridad, la mitad se dirigirá al centro Ibaiondo.
Para el periodo 2025-2029, el plan prevé una dotación suficiente de profesionales especializados tanto en los servicios de medio abierto como en los centros educativos. En el ámbito de medio abierto se establece una ratio de 1 profesional por cada 15 menores. Bizkaia contará con 16 profesionales, Gipuzkoa con ocho y Araba con cinco.