PNV, PSE y Elkarrekin Gipuzkoa Podemos se han aliado este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa para sacar adelante una resolución de cinco puntos sobre la situación en Palestina. En ella, "instan a las instituciones y empresas vascas" a evaluar "sus relaciones contractuales o de colaboración con empresas e instituciones que pudieran contribuir directa o indirectamente a la vulneración del derecho internacional en los territorios palestinos" y a "revisarlas" en caso de que no cumplan con los principios de los derechos humanos.

Esta resolución, aprobada por unanimidad de todos los partidos en la Comisión de Derechos Humanos y Cultura Democrática, comienza "condenando el sistema de detención de personas palestinas en Cisjordania" y la "aplicación de marcos normativos que contemplan la pena de muerte" en referencia a la ley israelí que contempla la ejecución por ahorcamiento y en secreto únicamente para palestinos acusados por delito de terrorismo. Para los junteros que han apoyado esta resolución, esto puede constituir "crímenes de lesa humanidad" porque vulneran el Derecho Internacional Humanitario.

Al igual que apelan a las instituciones y empresas vascas, también hacen un llamamiento a las instituciones autonómicas, estatales y europeas para "promover la ruptura de relaciones políticas, comerciales, culturales, deportivas y académicas" con el Estado de Israel mientras siga perpetrando estas vulneraciones "graves" de los derechos humanos del pueblo palestino. Incluso llaman a revisar el artículo 2 del acuerdo de asociación entre la UE e Israel en el que se hace referencia a que las relaciones bilaterales entre Europa y el Estado israelí se fundamentan en el respeto a los "principios democráticos y derechos humanos".

En esta resolución también requieren a "los actores de la sociedad vasca" como universidades o entidades deportivas y culturales, entre otras, a hacer lo propio y "romper todo vínculo con entidades israelís que formen parte del sistema de vulneración de derechos".

Esta enmienda transaccionada surge de una iniciativa propuesta inicialmente por Podemos, en la que se citaba a CAF a la que se exigía "el cese de su participación" en proyectos que "operan en contextos de ocupación". Esta propuesta fue enmendada por el PNV, en los términos que finalmente recoge la resolución transaccionada por PNV, PSE y Elkarrekin Gipuzkoa Podemos y que ha contado también con el apoyo de EH Bildu y PP.

En el último punto, se apuesta por "reafirmar el compromiso de las instituciones vascas con el Derecho Internacional, los derechos humanos y la defensa de los pueblos sometidos a ocupación o vulneración sistemática de sus derechos".

Esta resolución llega, además, en un momento de fuerte polémica por lo sucedido el sábado en el aeropuerto de Loiu, en el que la Ertzaintza cargó en el recibimiento a los miembros de la Global Sumud Flotilla. Esta medida ha suscitado numerosas voces críticas y ha llevado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a asumir la responsabilidad y anunciar una investigación.