El fenómeno 'Nimby' (Not In My Backyard), que describe la oposición a proyectos necesarios pero cercanos al entorno propio, está afectando a la construcción de vivienda protegida en Gipuzkoa, agravando la escasez y el encarecimiento del acceso a la vivienda.
Históricamente, Gipuzkoa ha vivido episodios 'nimby' con infraestructuras como el aeropuerto de Hondarribia o el Kursaal de San Sebastián. Actualmente, proyectos como la línea de alta velocidad y el Topo bajo el centro de San Sebastián avanzan, mientras que otros como el puerto exterior de Pasaia o parques eólicos han sido descartados.
La escasez de oferta de vivienda es patente, disparando los precios y convirtiendo el acceso a la misma en el principal problema social y económico para la ciudadanía vasca. El aumento de población y las nuevas tipologías familiares incrementan la demanda, haciendo necesaria más construcción.
En San Sebastián y Gipuzkoa, varios proyectos de vivienda se han topado con el rechazo vecinal. El exalcalde Eneko Goia alertó sobre el 'club del no' en zonas como Añorga, Jolastokieta, Igara, Illarra, Viveros de Ulia y Riberas de Loiola. Ahora, el proyecto de Auditz Akular, que contempla 3.000 viviendas, enfrenta la oposición de vecinos de Altza.
Un ejemplo reciente afecta a la intención del Gobierno Vasco de construir 283 alojamientos dotacionales en alquiler en dos parcelas de Riberas de Loiola. Los vecinos han protestado, y uno de ellos ha llevado un proyecto a los tribunales. Los detractores argumentan falta de servicios comunitarios y critican el tipo de vivienda (pública) y el perfil de sus futuros moradores.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha pedido a los vecinos de Riberas de Loiola 'desterrar los discursos del miedo' y tener 'altura de miras y empatía', recordando que jóvenes y mayores también forman parte del barrio. En Añorga Txiki, la construcción de 250 viviendas nuevas agrava los temores de saturación y problemas de movilidad.
Otro argumento recurrente es el medioambiental. 42 asociaciones contrarias a Auditz Akular defienden que el proyecto destruiría un 'territorio natural único', el 'último pulmón verde' de Altza, afectando recursos hídricos y biodiversidad.
La socióloga María Silvestre considera legítima la exigencia de equipamientos o la preocupación por la saturación, pero no cree que deba justificar el rechazo a la vivienda protegida. Sostiene que 'no son incompatibles' y que más viviendas requerirán más servicios. Respecto a la seguridad, señala un aumento del temor hacia migrantes y vulnerables, aunque la proporción de extranjeros en Euskadi es del 15%.
