Los casos vinculados a la Xenpelar Bertso Eskola y a la compañía de danza Kukai han puesto en el foco la forma en que entidades locales han abordado presuntos delitos. En ambos supuestos, se optó por soluciones privadas en lugar de acudir a la vía judicial, lo que ha derivado en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados y en una mayor desprotección para las personas afectadas.

Juristas han aclarado que estos procesos no constituyen justicia restaurativa, ya que esta requiere obligatoriamente la derivación desde un órgano judicial. Según expertos de la asociación Clara Campoamor, tratar agresiones sexuales mediante mediaciones privadas es inadecuado, dado que las víctimas suelen buscar una respuesta punitiva formal ante la gravedad de los hechos.

La alcaldesa de Errenteria ha comparecido ante la Fiscalía de Menores para verificar la información remitida a la Policía Judicial. Mientras tanto, diversos grupos políticos han criticado la falta de transparencia y la ausencia de una respuesta institucional firme ante unos hechos que, según señalan, exigen garantías legales que los acuerdos privados no pueden ofrecer.