El grupo municipal del PNV en Errenteria ha dado un paso al frente ante la gravedad de las denuncias de agresiones, abusos de poder y violencia psicológica sufridas por menores en el entorno de la Xenpelar Bertso Eskola. La formación jeltzale ha anunciado el traslado formal de sendas peticiones de investigación al Ministerio Fiscal y al Ararteko para que esclarezcan los hechos en profundidad. Paralelamente, ha exigido responsabilidades políticas directas a la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi (EH Bildu), tras calificar de "insuficiente", "confusa" y carente de autocrítica la respuesta ofrecida hasta la fecha por el gobierno local de Errenteria.

En un comunicado emitido este martes, el PNV argumenta que, ante las serias dudas existentes sobre si los mecanismos de protección municipales funcionaron con la diligencia exigible, resulta imprescindible que instancias externas e independientes evalúen la actuación del Ayuntamiento. En concreto, las solicitudes trasladadas a la Fiscalía y al Ararteko, firmadas por la portavoz municipal Elixabete Murua, buscan aclarar "si se cumplieron todas las obligaciones legales de protección de menores, si se activaron de forma correcta los protocolos de actuación y si existieron decisiones u omisiones políticas que permitieran la prolongación de situaciones de riesgo".

Para el PNV de Errenteria, la realidad política actual es "incontestable" y sitúa el foco sobre la principal autoridad del municipio vasco. "La máxima responsable política del Ayuntamiento es la alcaldesa. Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué conocía el Ayuntamiento, cuándo lo conocía, qué decisiones adoptó y si estas fueron suficientes para garantizar la protección de las menores".

La formación ha expresado su especial desconcierto por el hecho de que esta crisis de gestión se esté produciendo bajo la dirección de Otaegi, de quien destacan su "formación específica en estudios de género y feminismo" y su participación activa en el desarrollo de las políticas de igualdad del municipio. "Precisamente por esa trayectoria, la exigencia política era mayor. La ciudadanía esperaba una respuesta ejemplar y, por ello, resulta incomprensible la falta de autocrítica demostrada hasta el momento", censuran.

Frente a la pretensión del gobierno municipal de escudarse en la confidencialidad de las víctimas para limitar las explicaciones públicas, el PNV expresa que "nadie discute la necesidad de proteger a las víctimas y preservar su intimidad". Pero añade que el sigilo institucional no puede ser utilizado como un "escudo" ante el control democrático. "La confidencialidad jamás puede convertirse en una coartada política. La protección de las víctimas es perfectamente compatible con la rendición de cuentas, la transparencia institucional y con explicar si las administraciones actuaron con la diligencia debida", subraya el comunicado jeltzale, insistiendo en que la ciudadanía de Errenteria demanda "explicaciones y no excusas".

Otro de los puntos de fricción se refiere a la estrategia comunicativa del Ayuntamiento. El PNV considera un "error" que EH Bildu optara por comparecer públicamente mezclando en un mismo acto el expediente de la Xenpelar Bertso Eskola con el vinculado a Kukai Dantza Taldea y Jon Maya.

A juicio de los jeltzales, se trata de dos casos con implicaciones institucionales y obligaciones jurídicas "claramente diferenciadas". El PNV denuncia que unificar ambos asuntos solo contribuye a generar "confusión" en la opinión pública y dificulta la fiscalización de las responsabilidades ligadas a un servicio municipal en el que, además, participaban menores de edad.

La formación nacionalista califica de "extrema gravedad" las informaciones que apuntan a que determinadas conductas del supuesto agresor ya eran conocidas por Bertsozale Elkartea desde el año 2018. El PNV lamenta profundamente que, a pesar de aquellas alertas tempranas, el acusado haya podido continuar ejerciendo labores docentes y organizando actividades con menores y jóvenes en diversos municipios del territorio histórico de Gipuzkoa durante casi una década.

Finalmente, el PNV ha querido reiterar su "solidaridad, apoyo y reconocimiento" a las víctimas que han dado el paso de denunciar el abuso de poder y la vulneración de derechos sufrida en el servicio. Asimismo, han puesto en valor el papel clave desempeñado por las familias y, de manera muy especial, por el movimiento feminista local, cuya movilización y firmeza han considerado "determinantes" para que los hechos salieran a la luz pública y obligaran a reaccionar a las instituciones municipales.