El Juzgado de Eibar ha emitido una resolución judicial que reconoce el derecho de una trabajadora de Lanbide a recibir una indemnización cercana a los 50.000 euros, tras haber sufrido un abuso de temporalidad en su contratación por parte del Gobierno Vasco. Según ha explicado UGT, sindicato al que está afiliada la trabajadora, esta sentencia es la primera en el Estado en incorporar los dictámenes del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la materia.

A diferencia de fallos anteriores, esta nueva sentencia profundiza en el reconocimiento del daño sufrido e impone una doble vía de compensación. Se reconocen 20 días por año trabajado hasta un máximo de una anualidad para la indemnización por cese, lo que suma 39.089,71 euros. Adicionalmente, se añaden 10.000 euros más intereses procesales en concepto de daños y perjuicios, basándose en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

UGT ha destacado que la resolución afecta directamente a un grupo de trabajadoras que lograron plaza fija en la OPE de consolidación de 2022 tras años encadenando contratos temporales. Pilar Olivas, secretaria de Administración Autonómica de UGT Zerbitzu Publikoak, ha expresado su "profunda satisfacción" y ha señalado que el sindicato "tenía razón cuando apostaba por demandar el abuso de las trabajadoras". Ha resaltado el "reconocimiento expreso de los daños y el sufrimiento" y la aplicación de medidas para evitar que se repita este abuso. El sindicato prevé un "escenario optimista" para las cerca de cincuenta demandas restantes.

Por otro lado, los servicios jurídicos de UGT ya estudian presentar nuevas demandas para personal laboral, incluso si ha transcurrido más de un año desde su cese, y trasladar esta estrategia al ámbito contencioso-administrativo para el personal funcionario que haya sufrido un "idéntico abuso de temporalidad".