Según ha explicado la formación, la actuación se produjo en cumplimiento de una orden judicial derivada de la denuncia presentada por la propiedad del inmueble, la constructora Amenabar. El operativo se saldó con el precintado del local sin que hubiera personas en su interior.

Para Elkarrekin Podemos, el desalojo evidencia la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Eibar y de otras instituciones para dar respuesta a las necesidades de la juventud. La concejala de Podemos Eibar, Isabel Fernández Pejenaute, ha criticado que se haya optado por la vía judicial y la intervención policial en lugar de promover una mediación o buscar una alternativa para los colectivos que utilizaban el Gaztetxe como espacio de encuentro.

Fernández Pejenaute ha recordado que, tras la aprobación de la séptima modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de Txonta, respaldada por PSE-EE y EH Bildu, ya se sabía que el desalojo del Gaztetxe podía producirse tarde o temprano. No obstante, ha subrayado que, a su juicio, «no debía hacerse así» ni sin ofrecer una alternativa.

La edil ha defendido el valor de los espacios de ocio alternativo y autogestionado y ha lamentado que, según su formación, este tipo de iniciativas no cuenten con respaldo suficiente por parte del Ayuntamiento. Elkarrekin Podemos vincula además el desalojo con el debate sobre el modelo urbano y el acceso a la vivienda en Eibar.

La formación sostiene que actuaciones de este tipo priorizan los intereses inmobiliarios frente a las necesidades sociales y juveniles. Pejenaute ha afirmado que se vuelve a favorecer a una constructora y a la especulación de la vivienda, en un contexto en el que, según ha denunciado, la juventud tiene grandes dificultades para acceder al mercado residencial. La formación morada insiste en que la vivienda debe ser reconocida como un derecho efectivo y no como un bien sujeto únicamente a las dinámicas del mercado. En ese sentido, considera que el caso del Gaztetxe refleja una falta de alternativas públicas para la juventud y reclaman que se abran vías de diálogo.