Esta medida busca alinear la justicia tributaria y social, aplicando un impuesto a un sector que hasta ahora estaba exento. El cambio permite a los municipios cobrar a las empresas de telefonía móvil por el aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo público.
Se corrige así una anomalía, ya que otras compañías que ofrecen servicios similares (telefonía fija, internet, electricidad o agua, por ejemplo) ya estaban sujetas a este tipo de gravamen. Ahora, las operadoras de telefonía móvil deberán pagar un 1,5% sobre el total de los ingresos brutos que obtengan anualmente en cada término municipal.
“"Este sector factura miles de millones de euros en cada ejercicio sin contribuir económicamente por el uso privativo del espacio público en la mayoría de los municipios de Bizkaia."
Será cada ayuntamiento el que decida aplicar o no esta tasa, y para ello, deberá incluir este cambio legislativo en sus ordenanzas fiscales municipales. Esta medida contribuiría a sanear las arcas locales y a avanzar hacia la suficiencia financiera.
La decisión de modificar esta normativa fue unánime. Además, según puntualizaron desde el PNV, se incluye la prohibición expresa de que la cantidad final a pagar no sea repercutida en la persona usuaria de esos servicios.
