Los dueños de una propiedad en Irun han concluido un proceso de doce años para resolver una situación de ocupación. La situación se inició en 2014, cuando los propietarios descubrieron que el Plan Municipal de Irun les impedía tanto reformar como vender la casa. Ante esta circunstancia, propusieron al consistorio que la adquiriera, pero inicialmente no obtuvieron respuesta.

En 2023, tras el ingreso hospitalario de uno de los propietarios, el problema resurgió, y volvieron a solicitar al ayuntamiento la compra de la vivienda. En 2024, gracias a la intervención del Ararteko, el Ayuntamiento de Irun se movilizó y presentó una oferta. Aunque se llegó a un acuerdo, posteriormente se reveló que los propietarios no habían aceptado la herencia de sus padres y que la casa arrastraba una hipoteca desde 1930.

Una vez superados estos impedimentos, se obtuvo la aprobación definitiva del ayuntamiento, con la condición de que la vivienda estuviera desocupada. Casualmente, meses antes, con el ingreso hospitalario de uno de los dueños, la propiedad fue ocupada. La Ertzaintza intervino en varias ocasiones para desalojar a los ocupantes, pero los procesos judiciales fueron lentos y complicados, y los propietarios a menudo no eran notificados de las audiencias.

Durante este prolongado proceso, los propietarios también enfrentaron dificultades personales, incluyendo la pérdida de familiares, lo que retrasó aún más los trámites. Los ocupantes regresaban repetidamente a la casa, y en agosto de 2025, tras una nueva ocupación, un agente de la Ertzaintza les informó que no se podía hacer nada, ya que la casa había sido declarada 'morada', a pesar de que solo llevaban un día en ella. Finalmente, este miércoles, cuando se iba a proceder al desalojo, la vivienda ya estaba vacía, pues la Ertzaintza había avisado previamente a los ocupantes.

Los propietarios han manifestado que este proceso ha tenido un impacto significativo en su salud y bienestar, sufriendo más de tres años de insomnio y perdiendo ocho kilos. Finalmente, el Ayuntamiento de Irun y la Policía Local de Irun han coordinado la vigilancia del inmueble y han ordenado su vallado, poniendo fin definitivo al proceso.