El Gobierno español ve "jurídicamente posible" la incorporación de Treviño a Álava

El ministro Ángel Víctor Torres responde al PNV en el Congreso y detalla los pasos legales necesarios para la modificación territorial del enclave burgalés.

Imagen genérica de la fachada de un ayuntamiento del País Vasco, con balcón y barandillas de hierro.
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Imagen genérica de la fachada de un ayuntamiento del País Vasco, con balcón y barandillas de hierro.

El Gobierno de España ha asegurado que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es "jurídicamente posible", aunque ha subrayado la necesidad de cumplir previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

El PNV, a través de su diputado Mikel Legarda, ha planteado en el Congreso de los Diputados la histórica reivindicación de Treviño para su integración en Álava. Legarda preguntó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, si el Ejecutivo autorizaría una consulta ciudadana en el enclave sobre su posible reascripción territorial.
Torres respondió afirmativamente a la pregunta sobre la viabilidad jurídica, declarando que "la respuesta es clara, es jurídicamente posible". No obstante, insistió en la "necesidad" de seguir los procedimientos y pasos exigidos por la legislación vigente, avalados además por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El ministro recordó que para avanzar en el proceso son preceptivos los informes favorables de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León.
Por su parte, Legarda destacó la histórica demanda de los habitantes de Treviño para unirse a Álava, señalando que muchos residentes desarrollan su vida cotidiana en Vitoria-Gasteiz y en territorio alavés debido a la proximidad geográfica y a la prestación de servicios públicos. El enclave se encuentra a unos 20 kilómetros de Gasteiz y a unos cien de la capital burgalesa.
El ministro reconoció entender la "lógica" de preguntar directamente a la ciudadanía, pero reiteró que cualquier modificación territorial debe ajustarse a los procedimientos legales previstos. "Tenemos que ir cumpliendo los pasos que exige el ordenamiento jurídico para que finalmente se puedan manifestar de manera libre los ciudadanos", concluyó.