Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campoamor y representante de la acusación popular, ha declarado que la sentencia por el crimen machista de Maialen Mazón ha dejado una "sensación amarga". Mazón, embarazada de gemelas, fue asesinada en 2023 por su marido en Vitoria. En el juicio, el acusado ha sido condenado a 27 años de cárcel, una pena muy alejada de los 45 años solicitados por las acusaciones.

"Sale muy barato cargarse a 3 mujeres y destrozar a una cuarta", ha denunciado Piris en COPE. La acusación no comprende por qué no se han tenido en cuenta las agravantes de violencia de género o ensañamiento, y considera que la pena "no es una respuesta suficientemente contundente" a lo sucedido.

La sentencia, además, ha aplicado un "concurso ideal", es decir, castiga el asesinato y los dos abortos como un solo hecho. Esto implica que se le ha impuesto la pena máxima por el asesinato (25 años), pero sin sumar las penas por los abortos.

Para Piris, existía "suficiente conciencia, conocimiento y certeza en la mente del agresor" para matar también a esos fetos, mereciendo "una pena individualizada".

La asociación Clara Campoamor ha expresado su "profundo malestar" por la desestimación de la agravante de género. "Nos ha disgustado muchísimo", ha reconocido Piris, quien no entiende que no se haya interpretado que ocurrió "en el contexto de una relación de control, de dominación y de sometimiento". La abogada recordó que existían pruebas de esa dominación, como que el agresor "controlaba las redes sociales" de Maialen y "controlaba el dinero de la pareja".

Ante esta situación, Piris ha planteado un debate más profundo: la necesidad de crear en España un "tipo penal específico de feminicidio", como ya existe en países de Latinoamérica. La legislación actual exige demostrar que el crimen es una "manifestación de la desigualdad estructural" para la agravante de género.

La asociación está valorando presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque no es una "decisión sencilla". Piris ha señalado que agravar una pena por la vía del recurso es "técnicamente complicado" y supondría "hacerle pasar a todo el mundo por este horror otra vez".

Además, la asociación presentará una "reclamación formal" ante el Gobierno vasco por el "fallo" en el sistema de protección de la víctima. Piris recordó que la valoración de riesgo de Maialen, estimada como "extremo" por la Guardia Civil, se quedó en "bajo". "Hay una responsabilidad por parte de la institución que tenía la obligación de protegerla y no lo hizo adecuadamente", sentenció.