Los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Bilbao han desencadenado una crisis política en el País Vasco. Varios integrantes de la Global Sumud Flotilla que iban a ser recibidos en la zona de llegadas de Loiu se encontraron con la intervención policial, que se saldó con cuatro personas detenidas. Se les atribuyen presuntos delitos de desobediencia grave, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad.
Los activistas regresaban tras haber sido retenidos por Israel cuando participaban en la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Según informaciones, su retorno a España se produjo después de varios días de detención, deportación y escala en Turquía. Varios participantes han denunciado malos tratos, falta de descanso y condiciones degradantes durante su retención.
En Loiu, la intervención policial se produjo en un contexto de gran expectación. Familiares, simpatizantes y medios de comunicación esperaban a los miembros de la flotilla en la terminal. La Ertzaintza había desplegado un dispositivo para ordenar la recepción y mantener la circulación en el aeropuerto.
El Departamento de Seguridad sostiene que la llegada coincidió con el movimiento de aficionados por las finales europeas de rugby. Según la nota difundida tras los incidentes, algunas personas concentradas obstaculizaron la circulación de quienes salían del aeropuerto y se enfrentaron a agentes, que hicieron uso de los bastones reglamentarios.
La versión de la flotilla y de colectivos de apoyo es distinta. Denuncian una actuación desproporcionada contra personas que acababan de regresar de una detención en Israel y contra quienes habían acudido a recibirlas. Las imágenes difundidas han aumentado la polémica por el uso de la fuerza en el interior de la terminal.
La explicación oficial contiene un punto de fricción. La primera nota de Seguridad sostuvo que la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla “no había sido comunicada a la Ertzaintza”. Sin embargo, Bingen Zupiria afirmó este domingo que el desarrollo del recibimiento estaba “apalabrado” y que se había hablado previamente con responsables de seguridad del aeropuerto y con representantes de las personas concentradas.
Esa diferencia deja pendiente de aclarar qué información tenía realmente el dispositivo policial antes de la llegada de los activistas. También sitúa el foco en si el problema fue la falta de comunicación previa, como apuntaba la primera nota, o el incumplimiento de un acuerdo ya existente, como ha defendido después el consejero.
Zupiria ha reconocido que el operativo no logró garantizar ni el recibimiento de los activistas ni el funcionamiento ordinario de la zona de llegadas. “Vistas las imágenes, es evidente que no conseguimos ni lo uno ni lo otro”, ha señalado. El consejero ha lamentado “los sucesos, las cargas y las situaciones que se produjeron” y ha afirmado que lo ocurrido “no tenía que haber sucedido”.
Según Zupiria, la situación derivó de “provocaciones” y “empujones”. Aun así, ha asumido “en primera persona” la responsabilidad política de lo sucedido y ha defendido la necesidad de analizar si la actuación de los agentes se ajustó a las directrices internas en vigor.
El Departamento de Seguridad ha anunciado que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para comprobar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones vigentes.
También ha informado de los hechos a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Además, Zupiria ha solicitado comparecer de forma urgente ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar explicaciones.
El consejero y los responsables del Departamento de Seguridad han lamentado lo sucedido y se han comprometido a aclarar los incidentes y las posibles responsabilidades derivadas de la actuación policial.
La Ertzaintza detuvo a cuatro personas durante los incidentes. Según Seguridad, se les atribuyen presuntos delitos de desobediencia grave, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad.
Tres de las personas arrestadas quedaron después en libertad tras finalizar las diligencias policiales. Deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas.
El caso queda ahora pendiente de la investigación interna anunciada por Seguridad y de las posibles diligencias judiciales vinculadas a las detenciones.
Las reacciones políticas se han dividido entre la posición del Gobierno Vasco, que ha lamentado lo ocurrido pero también habla de provocaciones, y las críticas de EH Bildu, Sumar y Podemos Euskadi, que han condenado la actuación policial.
EH Bildu ha calificado la intervención de injustificable y ha pedido explicaciones urgentes. La coalición ha denunciado que se golpeara y detuviera en Euskal Herria a personas que, según su posición, venían de ser retenidas por Israel tras participar en la flotilla.
Sumar y Podemos Euskadi también han criticado la actuación de la Ertzaintza y han trasladado su apoyo a los miembros de la Global Sumud Flotilla.
La organización de la flotilla ha acusado a la Ertzaintza de actuar con violencia contra los activistas y ha pedido una investigación independiente. Amnistía Internacional también ha reclamado una investigación exhaustiva y rendición de cuentas por el posible uso excesivo de la fuerza.
En el lado contrario, el sindicato policial Sipe ha defendido la actuación de los agentes y ha criticado que se valore el operativo solo a partir de vídeos difundidos en redes sociales.
